En relación a los últimos hechos que han acontecido en nuestro país, como Núcleo queremos señalar nuestro apoyo al movimiento social que busca reivindicar un conjunto de derechos sociales que por años no se han reconocido a la mayoría de los miembros de nuestra sociedad. Por otro lado, queremos manifestar nuestra preocupación en especial por las mujeres, hombres, niños y niñas con discapacidad intelectual, que ha sido objeto de una discriminación histórica por parte del Estado, lo que se ha traducido en una vulneración permanente de sus derechos humanos.
La falta de políticas públicas, pocos recursos, falta de accesibilidad y un ordenamiento jurídico que no se ha adaptado a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha perpetuado la condición de vulnerabilidad de las personas que tienen alguna discapacidad en Chile, provocando una violación de sus derechos. Siendo de esta forma, estimamos que es fundamental situar la discusión en torno al establecimiento de una política pública en el campo de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y una normativa jurídica que garantice, como plantea la OMS (2005), aspectos como el financiamiento; la organización de los servicios de atención; contar con el recurso humano formado y capacitado; fomentar la promoción y prevención; mejorar la calidad de los servicios entregados; la promoción de la investigación y evaluación de políticas y servicios; la colaboración intersectorial de una red de atención a los problemas y necesidades de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Este proceso de avanzar desde la defensa de mínimos o garantías básicas a otro de máximos o resultados personales involucra no sólo a los proveedores de servicios y a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, sino también a instancias sociales y gubernamentales, con el fin de que estos cambios no se queden en experiencias particulares, sino que se generalicen en el diseño de políticas y buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad. Por otro lado, como Núcleo declaramos nuestra preocupación por los hechos de violencia o de riesgo en que se han visto involucradas las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y hacemos un llamado a las autoridades y demás actores de la sociedad civil, a buscar y generar situaciones de protección y respeto de las personas en esta situación, creando espacios e información accesibles, que les permita ser parte de este cambio social, manifestar su opinión y demandas en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del país. Finalmente, como Núcleo, queremos declarar nuestra disposición a colaborar en el avance de todas las temáticas referidas a la promoción y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en esta nueva sociedad que se promueve, desde la docencia, investigación y vinculación con el medio, propio de nuestro trabajo académico, en el entendido que en este cambio social, deben tener todos los actores sociales un espacio, en vista a una construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
- Vanessa Vega Córdova
- Izaskun Alvarez Aguado
- Andrea Montecinos Tota
- Herbert Spencer González
- Daniel Yunge Sepúlveda
- Marcela Jarpa Azagra
- David Luza Cornejo